Visión sandinista
27 agosto, 2025
Compañero Fredy Franco, Secretario General FEPDES
La Procuraduría General de Justicia, creada por reforma constitucional a inicios de este mes, da la máxima prioridad al Estado de luchar frontal y firmemente contra la corrupción (Tod@s contra la Corrupción), para proteger al pueblo y a la patria; y asegurar un uso cada vez más eficiente, transparente y honesto de los recursos, patrimonios y bienes públicos con el fin de continuar el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo de Nicaragua.
El mundo de hoy es azotado y asolado por un tsunami de corrupción que va en detrimento de nuestro desarrollo como pueblo. Y todas esas prácticas corruptas y criminales, que se generan desde afuera o desde adentro del país, se seguirán combatiendo en Nicaragua de manera frontal y sin ninguna consideración.
El combate contra la corrupción con prisa y sin pausa, usando todos los instrumentos de que dispone el pueblo: la Constitución, las leyes, las instituciones. Y con los ideales de justicia y honestidad que practica la revolución, se intensificará, se hará total y permanente desde la administración pública y en toda la vida social.
Es la Revolución Popular Sandinista la que levantó con fuerza y firme compromiso la lucha contra la corrupción desde 1969, y la sigue y seguirá levantando con más fuerza y decisión en el presente y en el futuro, para continuar viviendo y teniendo una Nicaragua segura, soberana, justa, honesta, próspera y en paz.
1- Extirpar y castigar severamente la corrupción y a los corruptos
La lucha revolucionaria del FSLN tiene, desde sus orígenes, como uno de sus centros neurálgicos la lucha contra la corrupción a nivel público y social. No sólo es para acabar con la explotación y opresión contra el pueblo, que se inició con los colonialistas, continuó con el poder oligárquico y llegó a su máxima expresión con el somocismo y el sistema dictatorial creado. Se planteó por el FSLN la lucha frontal contra la corrupción del somocismo y de toda la oligarquía que explotaba al pueblo, robaba y saqueada los bienes públicos para su enriquecimiento.
En el planteamiento estratégico del FSLN está también combatir y acabar la corrupción en la administración pública, así como con los antivalores en la sociedad generados por el sistema capitalista, hoy en día en su expresión neoliberal, que es el caldo de cultivo para robar o usar de manera deshonesta o indebida los bienes y patrimonios que son colectivos, de la patria y del pueblo. Prácticas corruptas que dicho sistema socialmente pretende normalizar.
El FSLN fue la primera fuerza política en Nicaragua que hizo una propuesta radical contra la corrupción y los corruptos, muy extendido durante el régimen dictatorial de 1934 a 1979. Fue en su Proclama de 1969, conocida como Programa Histórico, en el punto sobre “Honestidad Administrativa”, que el Frente Sandinista propuso extirpar la corrupción y castigarla severamente:
“La Revolución Popular Sandinista extirpará la corrupción administrativa gubernamental y establecerá una estricta honestidad administrativa. Castigará severamente a las personas que incurren en delitos contra la honestidad administrativa…severidad que será mayor cuando se trate de elementos que militen en el movimiento revolucionario”.
Los conceptos de extirpar y castigar severamente la corrupción, incluido a militantes revolucionarios que incurren en ello, da la medida del compromiso radical y sincero del FSLN contra la corrupción, no apañando a nadie, ni a los mismos revolucionarios o militantes de fila. Esa honestidad y severidad contra los abusos y la corrupción viene desde Sandino, fue continuada por Carlos Fonseca, por el FSLN y hoy con el liderazgo del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo.
2- La RPS: derechos del pueblo y lucha contra la corrupción
Al triunfar la revolución en 1979, el FSLN y el gobierno revolucionario cumplieron con lo establecido en el Programa Histórico, castigando a los corruptos y verdugos del pueblo.
Los bienes robados y malversados durante el somocismo regresaron al pueblo en forma de empresas Áreas Propiedad del Pueblo, en bienes y propiedades urbanas y rurales, y muchos otros dirigidos al desarrollo social del país. Fueron confiscados, como expresión de justicia colectiva histórica y social pasaron bienes y patrimonios públicos a ser del pueblo.
Las transformaciones económicas de la revolución llevaron a implementar una distribución justa de la riqueza, y no concentrarla de manera excluyente y opulenta para una élite como en el pasado somocista. La revolución promovió -en términos ideológicos- los valores revolucionarios de igualdad, bien colectivo, solidaridad y honestidad que crearon una práctica política, y en la administración pública, de servicio al pueblo: de servirle con entrega y amor, y no para servirse de él.
En términos políticos se fortaleció la legalidad e institucionalidad en la firme lucha contra la corrupción y por la honestidad pública, creando la Procuraduría General de Justicia desde aquel momento en los años 80, cuando -en medio de la guerra y el bloqueo criminal del imperio yanqui- se logró tener y usar los recursos y bienes en beneficio del pueblo y defender la patria agredida. Desde la Procuraduría se unió una sola entidad para proteger al Estado y la sociedad que al final, en la visión revolucionaria, es servirle al pueblo.
3- Gobiernos neoliberales esencialmente corruptos
Los neoliberales libero-conservadores regresaron al gobierno en Nicaragua con el apoyo estadounidense en 1990 y con ello trajeron de nuevo, de manera desatada, la corrupción del pasado, la sed de robo y saqueo de los bienes públicos, como en el somocismo.
Las empresas del pueblo comenzaron a ser robadas o vendidas a precio de guate mojado. Otras empresas fueron privatizadas en beneficio de la élite corrupta en el poder y de empresas extranjeras. Los neoliberales empezaron a realizar acciones fraudulentas e ilegales para arrebatarle al pueblo las propiedades urbanas y rurales que entregó legal y justamente la revolución.
Los tres gobiernos neoliberales (Violeta Barrios, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños) provocaron un gran retroceso social al usar la riqueza y los bienes públicos para robar y enriquecerse a costa de la pobreza de la mayoría del pueblo, que llegó a representar dos tercios de la población en Nicaragua, reduciendo drásticamente la inversión social.
Igualmente, modificaron la Constitución, las leyes e instituciones para acomodarlas a sus intereses elitistas y de enriquecimiento ilícito e inmoral de los bienes y recursos públicos. Se recetaron mega salarios en todas las instancias en beneficio de la elite política gobernante y precarizaron los salarios en el sector público.
Por otro lado, desagregaron la Procuraduría General de Justicia creada por la revolución, convirtiéndola en Procuraduría General de la República y Ministerio Público, para dispersar el esfuerzo del Estado en velar por los bienes e intereses públicos del mismo y del pueblo, como una unidad inseparable y fundamental. Al contrario, usaron las instituciones para el robo, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito, entre otras muchas prácticas corruptas.
Cuando el FSLN llegó al Gobierno Nacional en el 2007 encontró un Estado salpicado de corrupción, una economía postrada y una sociedad con altos niveles de pobreza y anti-valores inculcados por el neoliberalismo.
4- Combatiendo la corrupción y restituyendo los derechos del pueblo
La lucha contra la corrupción comenzó desde el comienzo del 2007, desmontando los megasalarios de miles de dólares que se recetaron los funcionarios de los gobiernos anteriores, y estableciendo salarios conforme a la realidad económica y muy por debajo del promedio centroamericano para los funcionarios del nuevo gobierno sandinista.
Se trataba de dejar atrás la opulencia, el abuso y el despilfarro con los recursos públicos, para devolvérselo en políticas sociales a su verdadero dueño: el pueblo. Al mismo tiempo, se comenzó a ordenar y superar la mixtura de organismo privados con instituciones públicas, que ejecutaban programas públicos que pagaba el país a través de entidades privadas (las ONG’S) que -además del poco impacto a la población- servía para enriquecer una nomenclatura de asesores y empleados a costa del erario público. Otra práctica corrupta encontrada y desmontada del periodo neoliberal
Luego, el manejo honesto y correcto del presupuesto público con inversión social, productivo y de infraestructura permitió un crecimiento económico sostenido y una reducción significativa de la pobreza en diez años, del 2008 al 2018, a más de la mitad de la población.
Un golpe estratégico contra los interventores y vendepatrias a sueldo fue después de la derrota al intento golpista del 2018, cuando se desenmascararon los millones de dólares usados para hacerle daño al pueblo y pretender detener el avance de la revolución. Se destapó toda la olla corrupta de cuentas, dinero, propiedades y bienes de toda la claque que servía al imperio, tras ser derrotada políticamente, aplicada la justicia en toda su extensión, y regresada a su amo imperial.
Otro elemento fundamental para el desarrollo económico-social de Nicaragua en estos 18 años de la segunda etapa de la revolución, junto al uso organizado y de impacto de los recursos nacionales, está el indiscutible aporte de la ayuda o financiamiento internacional en todas sus distintas expresiones a la lucha contra la pobreza y al desarrollo del país.
En ese sentido, Nicaragua ha hecho un uso correcto, responsable, honesto y de gran impacto la ayuda internacional, reconocido por distintos organismos y, por lo mismo, ser sujeta de crédito por también ser buena paga.
5- PGJ: Tod@s contra la Corrupción
Los avances de la revolución tienen un momento de inflexión con la Reforma a la Constitución Política en este año 2025, cuando se constitucionaliza el modelo y crea un Estado Revolucionario, teniendo como único protagonista al soberano: el pueblo. Ese fortalecimiento del Estado es en función de los derechos del pueblo al que sirve y del que emana. Por eso la creación de la Procuraduría General de Justicia está en la línea de fortalecer desde el Estado, de manera unida e integral, la lucha contra la corrupción.
Ello igualmente es el resultado de la revisión a las instituciones públicas en los dos últimos años, identificando debilidades y prácticas indebidas que han llevado a una reorganización de muchas entidades: alcaldías, Poder Judicial, universidades públicas y ministerios; pero, sobre todo, para estar más preparado, vigilante y actuante en combatir todas las prácticas de corrupción, velando por el bien público y el bien común.
Con estos necesarios y urgentes cambios se plantea un nuevo reto a las instituciones y servidores públicos en el combate a la corrupción: cuidar con más celo el patrimonio y bienes públicos, para contar -como país- con más recursos en el continuado combate a la pobreza y lograr un mayor bienestar para el pueblo, con más políticas sociales y mayores posibilidades de seguir progresando en paz y prosperidad.
En ese sentido, la reforma de los artículos 132, 159 y 160 de la Constitución, crea la nueva Procuraduría General de Justicia que unirá, buscando más eficiencia y efectividad, a la actual Procuraduría General de la República como abogada del Estado y al Ministerio Público o Fiscalía General que tiene a su cargo la función acusadora y la representación de los intereses de la sociedad y de la víctima del delito en el proceso penal. La reforma constitucional se plasmará en una nueva Ley Orgánica para unir en una sola a ambas instituciones claves.
Esta nueva entidad cuidará los bienes y recursos públicos, y todos los patrimonios: económicos, culturales, ambientales, soberanos, políticos y jurídicos; así como protegerlos de los riesgos de corrupción y otros ilícitos y vulneraciones de las nuevas expresiones de la criminalidad internacional, sobre todo el narcotrafico y el crimen organizado, y todos los riesgos posibles o ramificaciones corruptas que existen y se generan en todo el mundo.
Nicaragua es el muro de contención de la criminalidad internacional en Centroamérica, por la efectividad y honestidad con que trabajan las instituciones correspondientes, lo que se reforzará con la creación de esta nueva PGJ. Al final, el combate frontal y permanente contra la corrupción, desde esta Procuraduría, permitirá tener más recursos para el desarrollo humano, más seguridad jurídica, ciudadana y humana, más soberanía y paz en Nicaragua.
La nueva Procuraduría irá enterrando la vieja práctica de servirse de los bienes públicos, e irá generando verdaderas instituciones y servidores que estén honesta y sinceramente al servicio del pueblo, con los nuevos valores que cultiva la revolución.
La batalla institucional y legal contra la corrupción va de la mano con la promoción de valores de honestidad y bien común en toda la sociedad, que impulsa la revolución, sustentado en su Programa Histórico y cumplido con más fuerza y compromiso en esta segunda etapa bajo la conducción del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo.